Las empresas del grupo Sofico, fundada en 1962, se dedicaban a la construcción, compra y arrendamiento de viviendas, terrenos y establecimientos comerciales, fundamentalmente en la Costa del Sol.

 

El escándalo inmobiliario de Sofico, descubierto en 1974, al final del franquismo, afectó a 3.000 pequeños ahorradores atraídos por la campaña publicitaria de la compañía y que no obtuvieron el inmueble en el que habían invertido.

En 1981, los tribunales declararon fraudulenta la quiebra del grupo, que tenía un agujero de 6.000 millones de pesetas de la época, equivalentes a 36 millones de euros.

 

El 16 de mayo de 1991, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de la Audiencia Nacional que en 1997 condenó a los dos principales directivos de Sofico, Eugenio Peydró Salmerón, y su hijo, Eugenio Peydró Brillas, por delitos de falsedad en documento mercantil y estafa.